Sánchez radicaliza la campaña electoral con tretas y hasta con una huelga general
- JAVIER AYUSO
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La huelga convocada puede ser legal, pero no es legítima porque el espíritu de los paros en la legislación española es de carácter laboral, no político. De todas formas, habrá que ver la respuesta de los ciudadanos.
La convocatoria de huelga general por parte de CCOO y UGT para el día 11 de noviembre (dos días antes del inicio de la campaña electoral), recuerda un chiste del gran humorista catalán Eugenio. El de “saben aquel que diu”. Contaba que un niño iba creciendo y nunca hablaba; no decía ni una palabra ante la preocupación de sus padres. Hasta que un día, con ocho años (por poner una edad simbólica), al ir a tomar la sopa, dijo “la sopa está fría”. Los padres se quedaron asombrados y preguntaron al niño que por qué no había hablado antes y él respondió que “porque no era necesario”.
Eso es lo que ha pasado con los sindicatos mayoritarios, que han estado ocho años, las tres legislaturas con Pedro Sánchez de presidente, callados, sin protestar por nada y ahora, de repente, han decidido movilizar a sus bases para hacer el juego a quien ha multiplicado por cuatro sus subvenciones, que han pasado de 8 a 32 millones de euros anuales. No ha habido necesidad de movilizarse en ocho largos años, pero ahora han convocado una huelga general que, según los socialistas, no va contra el gobierno, sino contra la oposición. Así se escribe la historia.
El caso es que en solo tres días, el presidente del Gobierno ha puesto en marcha toda la maquinaria de radicalización de la campaña electoral, sin importarle sobrepasar los límites del decoro o de la propia institucionalidad. No le ha quedado más remedio que disolver el Parlamento nueve meses antes de que venciera la legislatura, después de años insistiendo en que aguantaría hasta julio de 2027, y ahora está dispuesto a todo para intentar movilizar a los votantes de la izquierda y la ultraizquierda y evitar una nueva debacle electoral.
Una llamada a sus camaradas sindicales ha bastado para que se cumpla el primero de sus objetivos: ocupar las calles. Las acampadas de los indignados por los desahucios y la carestía de la vivienda le han servido a Pedro Sánchez para generar tensión en toda España, con la inestimable ayuda de unos sindicatos a los que ha estado cortejando durante ocho años. La huelga convocada puede ser legal, pero no es legítima porque el espíritu de los paros en la legislación española es de carácter laboral, no político. De todas formas, habrá que ver la respuesta de los ciudadanos ante la convocatoria, teniendo en cuenta que CCOO y UGT apenas llegan al 12% de afiliación entre los trabajadores. Aunque siempre quedarán los piquetes para seguir creando tensión y violencia en las calles.
En la misma línea, en su segundo mitin electoral en dos días, lunes y martes en la sede del Consejo de Ministros, el líder socialista confirmó que su primer ataque a la soberanía del Parlamento no había sido un desliz. Al contrario, Sánchez remachó el martes en que “cuando el Congreso da la espalda a la calle, el Gobierno no puede mirar hacia otro lado”. Era el segundo capítulo de “hay una mayoría social que está indignada porque el Parlamento ha pisoteado los intereses de la gente de a pie”. Dos ataques al Poder Legislativo al que ha decidido no respetar, como tampoco ha respetado al Poder Judicial, salvo el Tribunal Constitucional presidido por su camarada Cándido Conde-Pumpido.
Dos decretos
De hecho, no le ha temblado el pulso para volver a enviar a Las Cortes los dos decretos sobre vivienda derogados el pasado viernes, con la treta de que cuenta con mayoría en la Diputación Permanente y al menos uno de ellos será aprobado. Una vez más, la legalidad y la legitimidad chocan en las decisiones del Gobierno. Además, el presidente ya ha amenazado con que va a seguir gobernando hasta el final, aunque ya sea un “pato cojo”. Habrá que ver cuál es el límite que se pone para enviar decretos al coladero de la Diputación Permanente, que legalmente solo puede decidir sobre asuntos de especial urgencia o relevancia. Frente a un personaje sin escrúpulos, hay que estar preparados para cualquier cosa. Incluso sus socios de gobierno deberían estar preocupados. Ante la imposibilidad de ganar votos por el centro ideológico, los socialistas han decidido ir a por los votantes de la izquierda radical. Aprovechando que el Frente Único sigue sin líder y que es posible que no consiga aglutinar a todas las formaciones de izquierdas, el aparato del PSOE piensa trabajar provincia a provincia para arrebatar algunos de los escaños obtenidos por Sumar y que el 29-N pueden quedar en discusión por los restos en las circunscripciones medianas y pequeñas.
Los ideólogos de la campaña saben que se trata de un juego de suma cero, en el que hay que andarse con mucho tiento, porque en un esquema de bloques como el actual, no se trata de robar escaños a tus aliados, sino de evitar que tus contrincantes los consigan. Algún antiguo gurú de La Moncloa explica estos días que Sánchez no tiene la batalla perdida de antemano y que puede pasar como en 2023, en que consiguió movilizar a las bases de izquierdas e impedir una mayoría absoluta del PP y de Vox. Algo cuanto menos dudoso, teniendo en cuenta que la mayoría de las encuestas auguran 200 diputados para la suma de los dos partidos de la derecha. Tendrían que perder 25 en dos meses.
Sea como fuere, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal harían bien en no confiarse. No solo porque Sánchez será capaz de cualquier cosa para tensar la campaña y volver a sembrar el miedo a la ultraderecha. En estas elecciones, la clave será la movilización de los electores de un bloque y de otro. En las generales del 23 de julio de 2023 votaron casi 25 millones de españoles, el 66,59% del censo. El PP obtuvo 8.160.837 votos (el 33,06%), que le dieron 137 diputados y 120 senadores. El PSOE logró 7.821.718 votos (el 31,68%), con 121 diputados y 72 senadores). Vox cosechó 3.057.000 papeletas (12,38%) y 33 diputados. Y Coalición Sumar 3.044.996 (12,33%) y 31 diputados. El bloque autodenominado “progresista”, consiguió una mayoría gracias a los apoyos de ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y CC. A estas alturas y con nueve semanas de intensa actividad de campaña, pueden pasar muchas cosas. Si los socialistas consiguen “robar” papeletas a su izquierda, podrían superar en votos y escaños a los populares. No lo suficiente como para que el bloque de gobierno actual obtenga la mayoría, pero sí para convertirse en la primera fuerza política, que le daría una fuerza importante para mantenerse como líder de la oposición y hacer la vida imposible al gobierno de coalición de derechas.
Se suele decir que unas elecciones no las gana un candidato, sino que las pierde otro. Y los errores se pueden pagar muy caros. No se trata de jugar todos los balones que te lleguen a los pies, algunos con trampa, sino de elegir bien las batallas que hay que dar y desarrollar bien los ejes de la campaña. En eso, los socialistas han demostrado que son muy buenos, mientras que los partidos de la derecha y la ultraderecha suelen pisar demasiados charcos que encuentran en el camino. Para Feijóo, esta puede ser su última oportunidad. Tiene que ganar y sumar con Vox lo suficiente para formar gobierno. Las encuestas dicen que lo logrará, pero también lo decían en 2023.
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