El Gobierno aplicó un incremento de la base mínima del 42%, hasta los 1.424 euros mensuales para los autónomos societarios, familiares y aquellos que no declaran ingresos. Lo que supone un incremento de cuota de 135 euros de media al mes, y afecta a algo más de medio millón de trabajadores por cuenta propia.
El pasado 31 de marzo, el Ministerio de Seguridad Social aprobó la orden de cotizaciones de 2026 en la que aplicó la subida de las bases mínimas a losautónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos trabajadores por cuenta propia que no declaren ingresos, pasando de 1.000 euros a 1.424 euros mensuales, lo que supone un incremento del 42%. La consecuencia directa es que los autónomos afectados tendrán que pagar una cuota mínima de 485 euros mensuales en 2026, unos 135 euros más que en el pasado ejercicio (1.620 euros para el conjunto del año).
Del millón de autónomos con esta condición fiscal (400.000 familiares colaboradores y los más de 800.000 autónomos societarios) son algo más de 500.000 los que se encuentran con ingresos en el entorno de 1.000 euros, o menos, y por lo tanto deberán hacer frente al aumento de las cuotas mencionado.
Más allá de la subida que tendrán que afrontar el algo más de medio millón de trabajadores por cuenta propia, que se aplica con carácter retroactivo a 1 de enero de 2026, la medida tendrá un impacto nada desdeñable en las arcas públicas. Según los últimos cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), la medida elevará los ingresos en una décima del PIB, unos 1.550 millones de euros al año.
"El establecimiento de la base mínima de los autónomos societarios y familiares en el nivel de la base mínima del régimen general en 2026 tendrá un impacto de casi una décima de PIB, permanente en el tiempo", señala el organismo en el último estudio sobre la regla de gasto en pensiones, en el que proyecta la recaudación a partir de los datos sobre el número de autónomos y sus bases de cotización medias proporcionados por la Seguridad Social por tipo y tramo de rendimientos.
Polémica por la subida
Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad Social aplica esta subida, que quedó establecida en la norma por la cual se acordó el nuevo sistema de cotizaciones por ingresos reales en 2022 y que comenzó su despliegue en 2023. Con el objetivo, para todos los autónomos con independencia de su figura jurídica -persona física, societarios o colaboradores- es que a partir de 2032 esté culminado el proceso para que la cuantía de sus cotizaciones esté alineada con su nivel del rendimientos. En ese texto se estableció que la base mínima para los societarios y familiares debería de alinearse con la base mínima del régimen general en 2026.
Sin embargo, la ley contemplaba que la base mínima creciera progresivamente hasta llegar a la cuota actual, mediante actualizaciones periódicas ligadas a los Presupuestos Generales. Al no haber nuevas cuentas públicas desde 2023, la cifra quedó bloqueada en los 1.000 euros del año pasado. Este brusco incremento coincide, además, con la decisión del Gobierno de congelar las cuotas del resto de trabajadores por cuenta propia, consecuencia de no haber logrado pactar con los agentes sociales las nuevas tablas para 2026-2028. De este modo, la subida recae de manera exclusiva sobre el medio millón de autónomos societarios y colaboradores que se sitúan en la base mínima.
A pesar de que tanto las asociaciones de autónomos como los partidos políticos cuestionaron la maniobra llegando a intentar frenarla en el Congreso, desde el departamento de la portavoz del Gobierno y ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, se han mostrado inflexibles a retroceder en la subida de la base mínima. "La reforma del sistema de cotización del RETA de 2022 pactada con las asociaciones de autónomos, la patronal y los sindicatos estableció que la base de cotización de los autónomos societarios, familiares colaboradores y aquellos que no declaran rendimientos no podrá ser inferior a la base mínima del Régimen General a partir de 2026", recuerdan fuentes del Ministerio consultadas por EXPANSIÓN.
Examen de Airef
En este punto, los ingresos previstos por el recargo en la cotización de estos autónomos son solo uno de los apéndices a través de los cuales se prevé un refuerzo de ingresos para el sistema de pensiones suficiente para poder cubrir los incrementos de gasto asociados a la última reforma del sistema, que consagró las revalorizaciones en función del IPC, sin necesidad de tener que llevar a cabo ajustes, ya sea aumentando aún más los ingresos (elevando las cotizaciones a autónomos y asalariados, esencialmente) o recortando el gasto.
En el reciente estudio, la Airef concluyó que la regla de gasto de pensiones se cumplió formalmente al situarse el gasto en pensiones neto en el 13,0% del PIB en promedio entre 2022 y 2050, tres décimas por debajo del umbral del 13,3% establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 2/2023.
Un resultado que supone una mejora de casi dos décimas respecto al pronunciamiento anterior que se explica por una mayor estimación del impacto de las medidas de ingresos para fortalecer el sistema. En concreto, el gasto bruto público en pensiones se mantiene en el 14,6% del PIB en promedio del periodo 2022-2050, tras incorporar los datos observados de PIB y gasto en pensiones de 2024 y 2025, mientras que las medidas de ingresos se revisaron al alza y se sitúan en el 1,6% del PIB en promedio entre 2022 y 2050.
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