- RICARDO T. LUCAS
- El Gobierno destinó 2.389 millones de los fondos europeos a pagar pensiones
- Alquileres, alta velocidad, la sanidad pública... Los otros 'apagones' del Gobierno
- La cara oculta del sanchismo, a la vista de todos
- Los cuentos del Gobierno con las Cuentas
Los españoles tienen derecho a saber en qué se gasta el Gobierno lo que pagan en impuestos.
Cualquier gobierno que se viera cercado por casos de presunta corrupción con fondos públicos como está el de Pedro Sánchez trataría de refutar las acusaciones con información y transparencia máximas. Más aún si los hechos quedan constatados como ha sucedido en el juicio en el Tribunal Supremo sobre los contratos sospechosos de compra de mascarillas durante la pandemia, en el que se sienta en el banquillo de los acusados nada menos que el exministro de Transportes (la cartera con más presupuesto de todo el gabinete) y también exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, quien ha admitido que por la sede del partido en Ferraz circulaban enormes cantidades de dinero en efectivo. A los españoles de a pie, Hacienda les obliga a declarar cualquier pago que supere los 1.000 euros.
Sin embargo, en Moncloa se mantienen entre el descaro de sostener que ya se asumieron las responsabilidades políticas por el caso (cero unidades de dimisiones a día de hoy) y la infamia de negar validez jurídica a las pruebas aportadas por el nexo corruptor de la trama instalada en el seno del Ministerio, Víctor de Aldama, que la Fiscalía Anticorrupción sí ha considerado merecedoras de una rebaja de pena. Pero qué se puede esperar de un Gobierno que trata de arrogarse la facultad de determinar lo que es legal y lo que no, que acosa a los jueces que investigan al círculo familiar de Pedro Sánchez, que ha colonizado y silenciado todas las instituciones independientes de nuestra democracia, y que lleva 949 días sin cumplir la obligación constitucional de presentar los Presupuestos Generales del Estado, la ley más importante de cada ejercicio, pero se atreve a anunciar que pretende aprobar 176 nuevas normas hasta final de año.
Democracia no es solo poder elegir a los representantes de los ciudadanos, sino sobre todo la limitación del poder político, su control parlamentario y la rendición de cuentas. Los españoles tienen derecho a saber en qué se gasta el Gobierno el dinero que pagan en concepto de impuestos, que cada año es más por la política fiscal confiscatoria del PSOE y Sumar, y cómo logra cuadrar las Cuentas para sobrevivir con los Presupuestos caducados desde 2023. Sánchez lleva más de tres años hurtando al Parlamento la capacidad de supervisar las cuentas públicas, y entorpeciendo la labor fiscalizadora de la Airef y del Tribunal de Cuentas.
Este organismo acaba de denunciar que en 2024 el Ministerio de Hacienda que dirigía María Jesús Montero -hoy candidata del PSOE a la Junta de Andalucía- usó dinero de los fondos europeos (2.389 millones de euros, que Moncloa califica de "créditos sobrantes") para cubrir el agujero de las pensiones de aquel año. Y lo hizo mientras la titular del Ministerio de Seguridad Social, Elma Saiz, anunciaba que se había alcanzado un récord en el volumen de la 'hucha' de las pensiones gracias a los 3.576 millones de euros procedentes del recargo impuesto al salario de la mayoría de los trabajadores.
No está de más recordar que varias veces Sánchez ha proclamado ufano que no pasaba nada por no poder aprobar unos Presupuestos porque las ayudas extraordinarias de la UE eran "como otro presupuesto", y tampoco que hace unos días le pidió más tiempo a la Comisión Europea para poder gastar todos los fondos pendientes de ejecución. Pero la denuncia del Tribunal de Cuentas va más allá, y alerta del riesgo de que se puedan producir desviaciones en el déficit público y del descontrol sobre la deuda del Estado, que no ha dejado de aumentar desde que gobierna Sánchez y supera ya los 1,72 billones de euros. La falta de Presupuestos es mortal para la democracia.
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