El Gobierno busca ampliar el radio de acción de los protocolos de prevención en los centros de trabajo, incorporando los referentes a riesgos psicosociales, derivados de catástrofes naturales y relacionados con el trabajo a distancia y desconexión digital.
El Ministerio de Trabajo busca dar una vuelta de tuerca la la Ley de Prevención de Riesgos Laborales vigente desde 1995 para incorporar en los controles y formaciones ofrecidas en los centros de trabajo aspectos relacionados con la salud mental, riesgos psicosociales, derivados de catástrofes naturales y aquellos que aparecen como producto del empleo a distancia o por una deficiente desconexión digital. El proyecto de ley acordado de forma bipartita entre el Gobierno y UGT y CCOO, sin el apoyo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, deberá de superar, eso sí, el trámite parlamentario para ver la luz.
El nuevo texto que incluye tanto modificaciones técnicas como nuevos requerimientos de prevención en el articulado había sido negociado en una mesa a tres, con la participación de los empresarios, hasta finales del pasado año cuando la patronal dio por imposible un amplio acuerdo. Lo hizo al no apoyar medidas de amplio espectro como la incorporación de los riesgos psicológicos, de forma específica, a los protocolos internos de formación de riesgos y control y evaluación del estado de los trabajadores. Además de aquellos relacionados con las cuestiones derivadas de la desconexión digital. Medidas que los empresarios consideran que amplían el rango de lo que se debe circunscribir a la prevención de riesgos laborales.
Además, critican la implantación de la figura del agente territorial de prevención que realizará funciones específicas en materia preventiva en aquellas empresas o centros de trabajo de menos de diez personas trabajadoras que no cuenten con representación legal de las personas trabajadoras. Lo que elevaría la vigilancia sobre los pequeños negocios. Estos agentes territoriales de prevención serán designados, en cada comunidad autónoma, por las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y representativas del sector.
Nueva definición de "riesgo laboral"
Con la nueva ley, se considerarán como «daños derivados del trabajo», y por lo tanto susceptible de la acción preventiva, las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo y que sean susceptibles de afectar a los ámbitos físico, fisiológico, cognitivo, emocional, conductual o social.
Con la nueva ley se entenderá por «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave para la salud de las personas trabajadoras. En el caso de catástrofes y otros fenómenos meteorológicos adversos, se considerará que existe riesgo grave e inminente para las personas trabajadoras cuando sea probable racionalmente que se materialice al acceder al centro de trabajo o al transitar por las vías de circulación necesarias para acudir al mismo.
Elementos aportados por la patronal
En todo caso, la vicepresidenta Yolanda Díaz asevera que la patronal también forma parte de este acuerdo, aunque no lo haya suscrito, porque ha redactado alguno de los preceptos, y ha asegurado que CEOE y Cepyme no está en el acuerdo por "razones ajenas" a la salud de las personas trabajadoras.
Con la nueva ley, se reforzará la protección frente a riesgos psicosociales, la desconexión digital y los efectos del cambio climático en el trabajo. Además, se incorporará de forma expresa la perspectiva de género, la edad y la diversidad generacional en la gestión preventiva.
Para ello, el acuerdo prevé nuevos reglamentos específicos sobre riesgos psicosociales y cambio climático. También se reforzará la formación en prevención, el papel de las personas trabajadoras con funciones preventivas y la eficacia de los servicios de prevención.
Así, la reforma responde a los nuevos riesgos del siglo XXI, como los riesgos psicosociales, la salud mental, el cambio climático, la digitalización y el trabajo a distancia. Con ella, ha apuntado la ministra, se busca reducir la siniestralidad laboral, que sigue causando unas 700 muertes al año, y mejorar la detección de enfermedades profesionales.
"Hoy hay riesgos que sufrimos en el trabajo que hace tan solo una década eran ciencia ficción: riesgos derivados del uso de algoritmos. Cuando un algoritmo decide ritmos, tareas o evaluaciones, puede llegar, sí, a hacer que nos enfermemos, puede intensificar el trabajo hasta generar una enfermedad. Esto no es neutral, lo sabemos muy bien", aseguraba Yolanda Díaz en el acto de firma del acuerdo con los sindicatos. Señalando, además, que no se puede seguir normalizando el agotamiento ni la ansiedad por causa del trabajo ni se puede hablar de fragilidad cuando una persona acumula estrés o se quema durante meses. "No es verdad que sean inevitables", zanjó la vicepresidenta del Gobierno.
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