- IGNACIO DEL CASTILLO
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La subsidiaria mantiene un conflicto con la Hacienda mexicana que le reclama 210 millones de euros. El caso, atascado en la Suprema Corte de Justicia, podría abocar a un final similar al de Perú.
Telefónica está haciendo frente en México a un problema que puede acabar frustrando la esperada venta de su filial en el país norteamericano, una de las cuatro subsidiarias que la operadora española de telecomunicaciones aún mantiene en Latinoamérica.
Tras el rally de ventas de filiales americanas que la operadora ha puesto en marcha desde la llegada de Marc Murtra a la presidencia del grupo, el pasado enero, Telefónica controla ahora filiales en Brasil, Chile, México y Venezuela, aunque el gigante brasileño -con sus más de 212 millones de habitantes- constituye uno de los mercados estratégicos de la operadora, de los que no se va a desprender, junto con España, Alemania y Reino Unido.
En cambio, tanto México, como Chile y Venezuela, se están intentando vender lo antes posible.
Conflicto creciente
El proceso de venta de la filial mexicana se enfrenta a un problema importante, ya que la subsidiaria de la operadora española mantiene un contencioso fiscal con la Hacienda mexicana, es decir, con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). La autoridad fiscal mexicana reclama a Telefónica México una deuda de 4.442 millones de pesos mexicanos (unos 211 millones de euros al cambio actual), según reveló recientemente la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, en una de sus conferencias de prensa diarias televisadas.
El conflicto entre Movistar y el SAT se centra en la negativa de la autoridad fiscal a permitir que Pegaso PCS, filial de Telefónica, se dedujera los gastos de una fusión corporativa realizada en 2014.
Esta disputa legal ha derivado en una deuda fiscal total de 4.442 millones de pesos, según los documentos del caso, una deuda que ha ido aumentando con el paso del tiempo.
La propia Telefónica, en un documento del año 2024 presentado a la SEC, cifraba el impacto total de esta contingencia en 150 millones de euros, por lo que, desde entonces la factura se ha elevado en alrededor de unos 60 millones de euros.
El caso, arrastrado desde hace años, se encuentra encallado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, equivalente al Tribunal Supremo). Un problema adicional es que la SCJN también se ha visto afectada por el proceso de revolución judicial emprendido por el Gobierno mexicano, eliminando los jueces profesionales y sustituyéndolos en muchos casos por jueces no profesionales elegidos por el voto popular, aunque con unos niveles de participación ciudadana muy bajos.
A eso hay que sumar el clima populista antiespañol de la Administración mexicana, no sólo en la etapa de Sheinbaum sino también de su antecesor y mentor, Andrés Manuel López Obrador.
De hecho, Sheinbaum se ha referido a la controversia judicial con Movistar asegurando que el dinero que la firma española no quiere pagar es "dinero del pueblo".
Esta situación condiciona por completo la posibilidad de la venta de la filial, que se estaba negociando con Beyond One, un grupo con sede en Dubái, que es propietario de la marca de telefonía móvil Virgin Mobile México, según desveló la agencia Reuters el pasado mes de julio.
Beyond One adquirió en 2023 Virgin Mobile Latin America, un operador móvil virtual (OMV), que no dispone de red propia, con clientes en México y Colombia. La marca desembarcó en el mercado mexicano en junio de 2014, pero apenas tiene el 1% del mercado.
Más de 500 millones
El negocio mexicano de Telefónica podría valer alrededor de 517 millones de euros (609,28 millones de dólares), según un informe de la firma de análisis Kepler Chevreux publicado en junio. La operadora controla alrededor de un 19% del mercado móvil mexicano, que está dominado por el grupo local América Móvil, controlado por el magnate Carlos Slim.
La viabilidad de la venta de la filial depende sustancialmente de la posibilidad de la operadora española de alcanzar algún tipo de acuerdo con la Administración mexicana en el tema fiscal. En caso contrario, la venta se dificultaría y retrasaría.
Pero si el conflicto sigue escalando, los observadores señalan que se abriría la posibilidad de que la operadora española adoptase una solución similar a la que acabó tomando en Perú, empujada por la cerrazón de la Administración peruana también en un tema fiscal.
Es decir, que sería posible que la operadora española, llevada a un conflicto irresoluble, optase por declarar el concurso de acreedores para su filial mexicana como hizo a comienzos de este año con la de Perú, aunque la reclamación de la Sunat, la Administración tributaria peruana, era de mayor envergadura.
De hecho, el concurso de acreedores cifró inicialmente el pasivo de la filial peruana en unos 4.838 millones de soles, que equivalen a unos 1.210 millones de euros al cambio actual, seis veces más que el tamaño de la reclamación mexicana.
Sexta desinversión
La venta de la filial mexicana se enmarcaría dentro de la estrategia de Telefónica de reducir la exposición en Hispanoamérica formulada ya en 2019, pero que el anterior presidente de la operadora, José María Álvarez-Pallete, inició con mucha timidez -sólo segregó los negocios de fibra, en los que vendió participaciones mayoritarias a fondos de inversión y rivales- y que el actual, Marc Murtra, ha aplicado a toda velocidad.
Se trataría de la sexta venta del grupo que preside Marc Murtra en la región, tras las ya cerradas de Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay, así como la de Colombia, pendiente de aprobación por la Administración del país.
La desinversión más reciente se cerró por parte de Telefónica el pasado mes de junio, con un acuerdo con el grupo luxemburgués Millicom -que tiene operaciones en Latinoamérica y el Caribe y que está controlado desde hace un par de años por el magnate francés Xavier Niel- para la venta del 100% de su participación en Telefónica Ecuador, en una operación valorada en 380 millones de dólares (aproximadamente 323 millones de euros, según el cambio actual).
Inmediatamente antes, en mayo pasado, cerró la venta -también a Millicom- de su filial en Uruguay por 440 millones de dólares (374 millones de euros al tipo de cambio actual).
Anteriormente, en julio del ejercicio 2024, también llegó a un acuerdo inicial con Millicom para la venta de su participación del 67,5% de su filial Colombia Telecomunicaciones (Coltel) por 400 millones de dólares (368 millones de euros).
Esta venta se cerró definitivamente en marzo de 2025, con un descuento en el precio, que quedó fijado en 362 millones de dólares (308 millones de euros).
Asimismo, la operadora vendió el pasado 24 de febrero su filial en Argentina a Telecom Argentina -controlada por el grupo mediático Clarín y el fondo Fintech- por 1.245 millones de dólares (unos 1.057 millones de euros al tipo de cambio actual).
Y el pasado 13 de abril Telefónica anunció la venta de su subsidiaria en Perú a la firma argentina Integra Tec International por 900.000 euros, incluyendo la asunción de la deuda por 1.200 millones.
Chile
Por el contrario, la venta de la filial de Chile está mucho más despejada. El activo chileno es más atractivo, ya que por un lado está presente no sólo en móvil, como en México, sino también en fijo.
Además, sus cuotas de mercado son superiores, con un 20,5% en el móvil y 29% en el fijo. Y, sobre todo, es previsible que las autoridades permitan una concentración del número de actores en el sector teleco, pasando de cuatro a tres grandes competidores.
Esa circunstancia regulatoria hace que la posibilidad de la compra de los activos de Telefónica en Chile interese a varios contendientes, especialmente a sus tres competidores más importantes -Entel, Claro (controlada por América Móvil) y Wom-, lo que le permitiría lograr un precio más alto, ya que el activo para sus rivales es más valioso al poder lograr sinergias.
Movistar estaría valorando sus activos chilenos entre unos 1.000 y 1.100 millones de euros. Sin embargo, su deuda financiera, a junio de este año, alcanzaba los 1.020 millones de dólares (unos 850 millones de euros), por lo que el saldo neto para la teleco española sería de entre 150 millones y 250 millones de euros.
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