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El Gobierno había creado muchas expectativas respecto al nuevo Plan de Vivienda, el primero elaborado bajo el marco de la polémica Ley estatal que despertó un conflicto sobre competencias con las comunidades autónomas.
Bajo la promesa de triplicar la inversión pública, si bien un 40% de la misma deberán aportarla los ejecutivos regionales, Moncloa quiere solventar la falta lacerante de oferta disponible con un fuerte impulso de la vivienda protegida y de la rehabilitación.
Ambos capítulos absorberán el grueso de los 7.000 millones de euros que pondrá en circulación en plan, aunque para ello primero deberá salvar las reticencias de algunas administraciones territoriales y de parte del sector.
Las primeras, debido a discrepancias ideológicas respecto a cómo abordar la crisis de la vivienda que han ido agravando las políticas intervencionistas de Pedro Sánchez.
Los segundos, por no hallar en la propuesta del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez los incentivos ansiados para ajustar los ritmos de construcción de pisos al que requiere un mercado en el que los nuevos hogares creados cada año duplican el número de viviendas finalizadas.
A este respecto, el presidente del Gobierno prometió impulsar la vivienda industrializada, tal como ya vienen haciendo algunas comunidades autónomas en sus planes de fomento del alquiler asequible.
Finalmente, será uno de los criterios que, junto a la edificación en zonas que hayan sido declaradas tensionadas, permitirán elevar por encima de los 100.000 euros la financiación pública por cada vivienda protegida (VPO).
Pero el sector esperaba una medida de carácter general que ayudase a aumentar la oferta disponible en todos los segmentos del mercado inmobiliario y también contribuyera a frenar la espiral de precios.
Sobre todo en vista de que Gobierno y oposición siguen sin ser capaces de ponerse de acuerdo para desbloquear la reforma de la Ley del Suelo, a pesar de que sus planteamientos de fondo están bastante parejos y alineados con las reclamaciones históricas del sector para reducir el exceso de burocracia y agilizar, por ejemplo, los cambios de uso de los solares sin uno.
A falta de una reforma de calado para elevar de forma inmediata la disponibilidad de la auténtica materia prima de la vivienda, que es el suelo, la eficacia del plan estatal para mejorar el acceso a la vivienda de quienes encuentran más dificultades para hacerlo hoy día puede terminar siendo muy limitada.
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