Trabajo asegura que está "puliendo técnicamente" el texto con la medida para que se apruebe "en uno de los Consejos de Ministros previos a las vacaciones".
El Ministerio de Trabajo no ha tardado en ceder al ultimátum realizado por los sindicatos hace escasos días, amenazando con romper los puentes con el Gobierno si no tiene lugar la aprobación del endurecimiento del registro de jornada en el mes de julio. Es decir, antes llegar al parón legislativo de verano en agosto.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, aseguró ayer que el Ministerio está "puliendo técnicamente" la reforma del registro horario, que espera que se apruebe "en uno de los Consejos de Ministros previos a las vacaciones". Lo hace para garantizar que el texto tenga la mayor "integridad jurídica posible" tras la múltiples salvedades que arrojó el dictamen del Consejo de Estado. En él hacía suyas muchas de las discrepancias mostradas por las organizaciones empresarios durante el proceso de negociación de la medida, tras lo que el departamento de la vicepresidenta Yolanda Díaz puso en marcha la maquinaria para pulir el decreto de cara, también, a poder sortear la impugnación que tratará de impulsar CEOE en el plano judicial.
La medida prevé la obligatoriedad de que el registro horario se compute de forma digital y que sea interoperable por la Inspección de Trabajo, que podrá actuar de oficio ante eventuales incumplimientos para dirimir sanciones.
El Consejo de Estado se mostró contrario a la aprobación del real decreto de reforma del registro horario, una iniciativa que formaba parte inicialmente del proyecto para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, por la falta de adecuación por sectores del nuevo registro, la carga extra que supondría para las pymes, así como por la decisión de aprobar el proyecto vía real decreto y no con una norma con rango de ley.
Ultimátum de los sindicatos
Los sindicatos CCOO y UGT habían lanzado un ultimátum al Gobierno advirtiendo que no volverían a firmar futuros acuerdos si no se aprueba el endurecimiento del control de la jornada laboral antes del 31 de julio de 2026.
Cabe recordar que el retraso en la aprobación del nuevo registro de jornada responde principalmente a discrepancias internas en el Gobierno, específicamente entre el Ministerio de Economía y el de Trabajo, respecto al periodo de transición otorgado a las pymes para adaptarse a la norma.
Endurecimiento del registro
Las claves del nuevo registro de jornada se centran en la implantación de un sistema digital obligatorio que debe ser objetivo, accesible y fiable, impidiendo modificaciones unilaterales de los datos, los cuales deben conservarse durante cuatro años. Este sistema exige un desglose minucioso de la jornada que incluye: el registro exacto de las horas de inicio y fin de la actividad y de las pausas; la distinción entre horas ordinarias, extraordinarias (especificando su método de compensación) y complementarias; la diferenciación entre el trabajo presencial y a distancia; y el reflejo de las medidas de flexibilidad o conciliación aplicadas. Además, cualquier modificación de los asientos requerirá el acuerdo mutuo entre la empresa y el trabajador, recurriendo a la representación legal de los trabajadores en caso de discrepancia.
En cuanto a la gestión y el acceso, la normativa establece que tanto las personas trabajadoras como sus representantes legales (con la debida anonimización de datos personales no necesarios) deben poder consultar y obtener copias de los registros de forma inmediata, garantizando además el acceso remoto y presencial de la Inspección de Trabajo en formatos compatibles. Asimismo, las empresas tienen la obligación de asegurar el derecho a la intimidad y protección de datos de la plantilla, elaborar un protocolo de organización y documentación del registro tras consultar con los sindicatos, y ofrecer formación específica a los empleados sobre el funcionamiento de la herramienta, considerándose dicho tiempo de formación como jornada efectiva de trabajo.
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