«Un día de estos acabaremos como el rosario de la aurora, a tortas, en batalla campal». Esta reflexión, compartida por un miembro de la Mesa del Congreso, el órgano rector de la vida de la Cámara, da cuenta del ambiente crispado, del enfrentamiento sin cuartel, que late entre los representantes elegidos por los ciudadanos para ejercer el poder legislativo y poner voz a la soberanía nacional que reside en el pueblo.
Hoy por hoy, y de seguir por este camino, ni los diputados podrán reivindicarse como eco de los españoles ni tampoco como dignos ejercientes del segundo poder del Estado, o sea, el que aprueba las leyes en nombre de la voluntad popular y el que controla y pone límites al poder del Ejecutivo.
El espectáculo de una de sus señorías, en este caso miembro del grupo Vox, José María Sánchez, encarándose con una letrada de la Cámara y, después, con el vicepresidente que, el martes por la tarde, ejercía como máxima autoridad del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en la tribuna de la Presidencia y mientras el pleno discurría, no tiene precedentes. Se trata de un incidente insólito, vergonzoso, que pone en solfa la propia dignidad del Congreso y que podría suponerle a su protagonista una sanción agravada de hasta un mes de suspensión de sus derechos como diputado, incluida la retirada del sueldo. La Mesa tendrá que decidir.
Lo que no prosperó fue la intención del PSOE de aprobar una declaración institucional de condena. Para hacerlo debe contarse con el apoyo de todos los grupos y ni Vox ni PP lo dieron. Los primeros, por razones obvias: José María Sánchez es uno de los suyos; los segundos, porque trataron de introducir tres enmiendas al texto propuesto y los socialistas no quisieron ni hablar de las mismas: una de ellas intentaba poner en evidencia el abuso que hace el Gobierno de su mayoría en la Mesa de la Cámara para imponer sus deseos cortocircuitando todo lo que no le conviene. Así, el juego de intereses se cuela en el suceso para calentar más una olla que, desde hace tiempo, hierve.
En todo caso, conviene conocer, al menos sucintamente, lo acontecido. Y no, no se trata de equidistancia ni reparto salomónico de culpas, se trata de calibrar el paño para evitar que en el Parlamento acabemos, en palabras de una diputada, «como en un salón del Oeste».
Primer punto. El diputado de Vox, José María Sánchez, no rehuye la provocación. Ya tiene en su haber alguna que otra enganchada: por ejemplo, llamó «brujas» a unas diputadas del PSOE y se empeña en rechazar el femenino cuando se dirige a la presidenta del Congreso. Su forma de protestar el martes, enzarzándose como un gallo de pelea con el vicepresidente, por los improperios -«asesino» y «criminal»- que asegura le dedicó un diputado de ERC, no tiene disculpa.
Segundo punto. El diputado de ERC, Jordi Salvador, suele ser discreto aunque a veces le pierde el gesto. Hace años protagonizó un choque agrio con el entonces ministro de Exteriores Josep Borrell. Este le acusó de haberle escupido al pasar por delante de su escaño. Los socialistas entonces crucificaron al republicano aunque el salivazo, en realidad, no se produjo. En esta ocasión, y en contra de lo que algunos afirman, Salvador, que es un tipo honesto, confiesa que sí replicó a los comentarios de Sánchez, mientras un representante de Esquerra hablaba en la tribuna: «Yo también respondí de forma incorrecta, no debería (...) y asumo que fue un error».
Tercer punto. El vicepresidente Gómez de Celis, se precia de un rigor en la gestión del Pleno que, a menudo, practica más con los de enfrente que con los propios. Un poco de cintura para que los rifirrafes en los escaños no pasen de ahí, sería de agradecer. Ayer, explicaba en los pasillos que llegó a temer que le cayera «un sopapo». Esperemos que nadie llegue a tanto, pero algunos hacen oposiciones.