Al noreste de Taiwán se encuentra la ciudad costera de Keelung, tierra de pescadores que fue ocupada por la Armada española durante el reinado de Felipe IV. España apenas mantuvo la colonia durante 16 años, entre 1626 y 1642, hasta su expulsión por la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales. Cerca de dos centenares de soldados y misioneros españoles levantaron entonces un asentamiento, la Santísima Trinidad, con un fuerte y una iglesia en el entorno de lo que hoy es un gigantesco astillero frente a Keelung, en Heping, una pequeña isla muy popular entre buceadores y recolectores de algas cuyo nombre en mandarín significa «paz».
La huella española en Taiwán que ha llegado hasta hoy es mínima: algunos restos del fuerte y vestigios de una iglesia hallada bajo un aparcamiento, junto a un pequeño cementerio católico con una veintena de tumbas. Pero existe también una huella más reciente, de naturaleza política, que genera fricción.
Unas horas después de la reunión del martes en Pekín entre Pedro Sánchez y el líder chino Xi Jinping, la parte china sacó un comunicado que atribuía al socialista una afirmación que podía interpretarse como un giro diplomático de España respecto a Taiwán: «España se adhiere firmemente al principio de una sola China», doctrina según la cual solo existe un Estado chino soberano y Taiwán forma parte de él. Bajo este marco, el Gobierno de Xi considera la isla una provincia rebelde y rechaza cualquier reconocimiento internacional como país independiente.
Esa es la formulación más dura que utiliza Pekín y sus aliados más cercanos para afirmar sin rodeos que Taiwán es parte de la superpotencia asiática y que el Gobierno chino está en su derecho de reclamar la llamada «reunificación», por la fuerza incluso si fuera necesario. Oficialmente, tanto España como casi todos los países occidentales utilizan otro término más ambiguo: la «política de una sola China». Reconocen a la República Popular como gobierno legítimo, pero mantienen relaciones informales con Taipéi, acogiendo en sus capitales una oficina comercial taiwanesa que opera de facto como una embajada.
Si alguno de estos países que hablan de «política» se adhirieran al «principio», no sería un matiz técnico: se trataría de un cambio de posición diplomática. Pero tres fuentes españolas conocedoras de la agenda en la reunión de una hora entre Xi y Sánchez, incluida una presente en la sala, aseguran que el socialista no hizo referencia alguna al «principio», sino que mantuvo en todo momento el «compromiso de España con la política de una sola China».
Pekín, como ha ocurrido en otros encuentros de Xi con líderes europeos, habría interpretado a su manera la afirmación de Sánchez para que esta sirviera mejor a sus intereses. Algo relevante teniendo en cuenta que, en los anteriores tres encuentros en Pekín entre el presidente español y Xi, el comunicado chino sí hacía referencia explícita a que España se adhiere a «la política de una sola China».
«Es una diferencia semántica mínima que quizá desde España no se entienda muy bien y no se le de relevancia, pero en China es un punto sumamente importante que hace la diferencia entre sus aliados y otros países con los que puede mantener buenas relaciones, pero no a ese nivel tan estrecho», explica un diplomático español con una dilatada carrera en el gigante asiático. «En China han manipulado las palabras del presidente y no es la primera vez que lo hacen», señala otro diplomático español contactado por este periódico.
«Esta diferencia de términos la empezó a utilizar Estados Unidos cuando reconoció oficialmente en 1979 a la República Popular China como el único gobierno legítimo. Washington optó por una fórmula cuidadosamente ambigua, para evitar pronunciarse de forma explícita sobre la soberanía de Taiwán, y luego la asumieron el resto de potencias europeas», continúa.
En Taipéi, la capital taiwanesa, cuando se pregunta por España entre funcionarios locales, una de las respuestas recurrentes es que es el país que más ciudadanos taiwaneses ha deportado a China. Para entender esta afirmación hay que remontarse a 2016. En Madrid, la Policía Nacional detuvo a más de 200 personas en una operación contra una macroestafa telefónica.
Desde Taipéi se pidió al Gobierno español, entonces presidido por Mariano Rajoy, que los arrestados fueran extraditados a Taiwán y no a China, donde -argumentaban- no contaban con garantías jurídicas suficientes. Sin embargo, Pekín reclamó su entrega y la Audiencia Nacional no puso impedimentos. Posteriormente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos criticó la decisión española, aludiendo a su compromiso de evitar devoluciones a países con riesgo de tortura o pena de muerte. Durante los dos años siguientes, más de un centenar de ciudadanos taiwaneses acabaron siendo trasladados a China, y sus familias denunciaron haber perdido todo contacto con ellos.
Aquella decisión judicial se apoyó en el reconocimiento de la República Popular China como único sujeto estatal, un enfoque que en la práctica se alinea con el llamado «principio de una sola China», formulación que sí aparece en una declaración conjunta firmada en 2018 por el Gobierno de Rajoy con Pekín para reforzar la asociación estratégica integral, la cual se estableció formalmente en noviembre de 2005, con José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, el primero que se ajustó a la narrativa china sobre Taiwán. «El Gobierno de España reafirma su adhesión al principio de una sola China», reza el documento de 2018.
Pero en estos momentos, en línea con Estados Unidos y los principales aliados europeos, desde el Ejecutivo de Sánchez reiteran que su posición es clara y que se recoge en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: «España está comprometida con la política de 'una sola China' y por tanto no mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán. Sin embargo, existe una cooperación económica y cultural gestionada a través de la Cámara de Comercio de España en Taiwán, único organismo de contacto entre las respectivas autoridades».