Nueva operación anticorrupción que afecta al corazón del Estado, al PSOE y a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Las detenciones del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) Vicente Fernández Guerrero, hombre de confianza de la vicepresidenta María Jesús Montero; de la denominada fontanera de Ferraz, Leire Díez, y del socio de Santos Cerdán, Antxon Alonso, por el amaño de contratos públicos se enmarcan dentro de una macrorredada que se ha saldado de momento con tres arrestos, una decena de investigados y 19 entradas y registros, varios de ellas en empresas públicas estratégicas.
Fuentes de la investigación consultadas por EL MUNDO informan de que las pesquisas se iniciaron a partir del material que la Guardia Civil se incautó en la mercantil Servinabar el pasado mes de junio. Entonces, al analizar la documentación aprehendida, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó hechos que podían ser delictivos y que excedían el ámbito del denominado caso Koldo. Tras poner estos indicios en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción, el departamento que dirige el fiscal Alejandro Luzón incoó unas diligencias de investigación propias para investigar al triángulo formado por Fernández, Díez y Alonso.
Las fuentes consultadas sostienen que la presunta trama criminal desplegó su influencia para amañar contratos públicos de forma continuada en el tiempo y coordinada. En las irregularidades detectadas, cobra un papel de especial relevancia la Sepi, tanto por los amaños presuntamente llevados a cabo en la etapa en la que Vicente Fernández la presidió como por la actividad delictiva desplegada en una época posterior, cuando el grupo público estaba aparentemente descabezado pero el ahora investigado continuó operando «en la sombra» y manejando un brazo estratégico del Estado, bajo la protección de la ministra Montero.
Antxon Alonso, antes de declarar en el Tribunal Supremo.ALBERTO DI LOLLIAdemás, fuentes del caso explican que la operación se precipitó debido a los «movimientos» desarrollados en los últimos días por el ex presidente de la Sepi, circunstancia que puso en alerta a los investigadores obligándoles a judicializar de urgencia la causa en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional.
Por orden del juez Antonio Piña, en las últimas horas se practicaron 19 registros o requerimientos de información en las sociedades públicas Sepi, Sepides, Enusa y Mercasa, y en domicilios de Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra. Además, los agentes de la UCO practicaron varios registros en empresas vinculadas a Servinabar (perteneciente a Alonso y al ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán), uno de ellos en la sede de la compañía Forestalia en Zaragoza. La Guardia Civil también se personó ayer en un despacho de abogados, SDP Estudio Legal S.L., en la capital hispalense.
Fuentes de la investigación precisaron que, en principio, no hay previstas nuevas detenciones. Por su parte, los tres arrestados comparecerán ante el juzgado mañana, a partir de las 10.00 horas. Se investigan delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, malversación y tráfico de influencias, según fuentes jurídicas. La operación permanece bajo secreto de sumario.
Por otro lado, junto a la vertiente judicial, la nueva trama de corrupción tiene también una innegable dimensión política por el perfil de sus protagonistas. No sólo por la proximidad de Vicente Fernández a uno de los pesos pesados del Gobierno de Sánchez (la vicepresidenta Montero) sino porque Santos Cerdán sirvió de nexo entre Díez, Fernández y Alonso.
El ex presidente de la Sepi estuvo en nómina de la empresa Servinabar, cuyo propietario es Alonso, entre mayo de 2021 y febrero de 2023 después de que el empresario le fichara como director comercial. Según los datos aportados por la Hacienda Foral, Vicente Fernández cobró de Servinabar más de 100.000 euros en los escasos dos años que estuvo en nómina.
Vicente Fernández, en un acto como presidente de la SEPI.EFEServinabar, según se desprende de la investigación, gestionaba cantidades millonarias en concepto de mordidas cobradas por Cerdán a cambio de contrataciones públicas. En Navarra, Sevilla o Logroño, según los informes de la UCO, a esta sociedad se le adjudicaron grandes contratos de obra pública de la mano de Acciona.
El punto de unión entre Leire Díez y Vicente Fernández fue que ambos coincidieron en organismos públicos inmediatamente después de la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. Sánchez, nada más llegar a Moncloa, y directamente Montero, como ministra de Hacienda, escogieron a Fernández para presidir la Sepi en el junio de 2018. Vicente Fernández, sin embargo, se vio obligado a dimitir tras ser imputado por la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, un proceso del que ha sido absuelto recientemente.
En paralelo, Díez fue designada como jefa de comunicación de la Empresa Nacional del Uranio SA (Enusa) -sociedad pública que depende la Sepi-, de manera que ambos coincidieron en los destinos que reservó para ellos el Ejecutivo socialista entre 2018 y 2019. La denominada fontanera de Ferraz permaneció en Enusa entre 2018 y 2021. Después de tres años, pasó a relaciones institucionales de Correos. Además, la ex militante socialista fue consejera de la sociedad Cistec Technology (2021-23).
Su nombramiento generó controversia por su falta de experiencia previa en el sector y el posterior interés de la Sepi en esa misma compañía.
La fontanera del PSOE aparece en varias tramas, pues está siendo además investigada por delitos de cohecho y tráfico de influencias por un juez de Madrid al tratar de sobornar a dos fiscales Anticorrupción.