Koldo García, el ex brazo derecho del ministro y número 2 socialista José Luis Ábalos, sostiene que el dinero que cobró por los contratos de mascarillas que investiga la Justicia, y que para la Fiscalía Anticorrupción son sobornos, en realidad era dinero del PSOE, según escrito dirigido este viernes por su abogada, Letizia de la Hoz, al Alto Tribunal.
En concreto, Koldo sostiene que esos fondos que para Anticorrupción son 'mordidas' en realidad respondía a "un sistema de retribución y anticipos de gastos corrientes del Partido Socialista, ajeno a los contratos de las mascarillas", según el documento, al que ha tenido acceso EL MUNDO.
"Frente a la tesis del Fiscal que vincula cualquier movimiento de efectivo a comisiones ilegales, es pertinente y útil para acreditar la fuente lícita, y demostrar que el manejo de efectivo por parte de mi representado respondía a un sistema del PSOE. El metálico era de uso común y documentado internamente en la formación política, para servicios personales de conductor y escolta", mantiene la letrada en el escrito, en el que solicita al juez Leopoldo Puente que practique varias pruebas.
García, que continúa en prisión provisional, apunta así al PSOE en cuanto al efectivo que movía, aunque de momento aludiendo a gastos "documentados", apoyándose en la empleada Celia Rodríguez, que así lo declaró ante el magistrado.
Además, Koldo ha pedido también la declaración del actual 'president' de la Generalitat, y entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, "ya que su testimonio es indispensable para acreditar que los canales de compra de material no fueron asaltados por una trama, sino que se rigieron por criterios de estricta necesidad y disponibilidad de stock en un mercado internacional colapsado".
"Se le cita", sigue De la Hoz, "para que ratifique por su conocimiento directo, que la intervención de D. Koldo García no fue una injerencia ilícita, sino una colaboración logística entre departamentos ministeriales coordinada por el mando único. Si el Ministro de Sanidad —quien centralizaba las compras— no recibió presiones ni detectó irregularidades, la tesis de las acusaciones sobre la "corrupción del proceso" se desmorona por completo", afirma.
También pide las comparecencias y declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, "ya que la acusación utiliza los contratos de Interior y los procesos en Correos como ejemplos de la capacidad de presión de mi representado y resulta procesalmente imperativo que el titular de esta cartera declare sobre el proceso de toma de decisiones", y también de la actual presidenta del Congreso y entonces de Baleares, Francina Armengol, porque, argumenta, "su declaración es la única vía para acreditar que la comunidad autónoma decidió de forma autónoma y discrecional contratar con la mercantil investigada basándose en informes técnicos, y no por una supuesta red de favores orquestada por D. Koldo García", sentencia.