- JAVIER AYUSO
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El accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado domingo es una de las mayores tragedias vividas en los últimos años.
Los más de 40 fallecidos y varias decenas de heridos deberían impedir que se politice el dolor o que la catástrofe se utilice en clave electoral. Además, hay que exigir a todos los representantes de todas las administraciones y partidos que actúen con la máxima lealtad institucional. Eso no es motivo para que no se realice una investigación rigurosa y que se asuman las responsabilidades políticas, incluso penales, cuando se hayan aclarado las causas del terrible accidente.
Hasta ahora, la cooperación entre las distintas administraciones públicas está siendo ejemplar, no como en otras catástrofes recientes, como la dana de Valencia. Es deseable que se mantenga de forma indefinida, aunque antes o después se empiece a resquebrajar esa lealtad exigible. No hay que olvidar que en menos de tres semanas habrá elecciones autonómicas en Aragón, seguidas de las de Castilla y León en marzo y las de Andalucía en junio y la polarización y el frentismo acabarán por aparecer. De hecho, ya hay algunos líderes que han empezado a intentar sacar provecho de la muerte, sobre todo en el bando de Vox.
En lo que va de semana, los medios de comunicación están informando de lo sucedido, publicando historias humanas y anticipando las posibles causas del espantoso accidente. La responsabilidad exigida a los políticos tras la catástrofe debería aplicarse también a determinados tertulianos adscritos a uno u otro bando político, que no dudan en sacar conclusiones apresuradas sin disimular sus intenciones de desarrollar un relato a favor de sus padrinos o en contra de sus oponentes.
Además de esos "todólogos" de las tertulias, capaces de hablar de cualquier asunto sin el más mínimo rigor, están apareciendo presuntos expertos que ya anticipan las causas de un siniestro que tardará semanas en aclararse. Y, por supuesto, han entrado en juego los bulos, las medias verdades y las mentiras que intentan señalar a los responsables de la catástrofe o eludir responsabilidades. Lo razonable sería seguir apoyando tanto a quienes realizan las labores de rescate, como a los que investigan sus causas.
En esa batalla por liderar la narrativa, están destacando las intervenciones públicas del ministro de Transportes, Óscar Puente, que empieza a recuperar su tono faltón tras algunos días de actitud respetuosa. Un político que ha estado más dedicado a la agitación política, en persona o en redes sociales, que a la gestión de sus competencias, incluidas las de Adif y Renfe. El mismo día del accidente, ya dejó caer que había sido "algo extraño", lo que nos hizo recordar cuando aseguró que el robo de cobre en un trazado ferroviario hace meses había sido "un boicot"; algo que se demostró una mentira.
A lo políticos hay que exigirles transparencia y respuestas a las cuestiones que se plantean. Pero no por hablar mucho sin aclarar nada se cumple esa función. Y menos cuando se intenta desacreditar a personas o colectivos concretos. Ayer, en una intervención en televisión, al ser preguntado por la huelga de maquinistas convocada, Puente afirmó que se debía "a su situación anímica". Lo que hay que oír, cuando han muerto dos maquinistas en tan solo cuatro días. Quizá debería medir más sus palabras. Lo de dimitir está descartado; no solo por él, sino porque es el fusible que impide que el cortocircuito llegue a Pedro Sánchez.
A la espera de los resultados de la investigación, hay unos hechos indiscutibles que afectan a la seguridad de nuestra red ferroviaria. España tiene 4.000 kilómetros en su red de alta velocidad, que fueron un orgullo para nuestro país desde 1992, pero que se han ido deteriorando con el paso del tiempo, sin que ningún gobierno haya destinado las inversiones suficientes a su mantenimiento. Tras la liberalización del servicio, la frecuencia de trenes se multiplicó, sin que se destinaran los recursos necesarios a mantener esas infraestructuras. El hecho de que nuestro país lleve tres años sin aprobar sus presupuestos ha impedido que aumenten unas inversiones que, además, no lucen en el haber de unos partidos obsesionados con el rédito electoral.
También es un hecho irrefutable que llevamos varios años con muchas incidencias tanto en la red de alta velocidad, como en el resto de las redes ferroviarias en todo el país. Los maquinistas llevaban meses avisando de la pérdida de seguridad y ya se habían producido descarrilamientos menores en varias líneas. Desde el Gobierno se había restado importancia a esos incidentes y el ministro llegó a decir que "vivimos la época de oro del ferrocarril en España". Una vez más, hubiera estado mejor callado.
Lo importante ahora es realizar una investigación rigurosa e independiente sobre las causas del accidente. No estaría de más la ayuda de algunos expertos y técnicos internacionales que ayuden a clarificar si la rotura de la vía fue causa o consecuencia del descarrilamiento. Japón, Alemania o Francia tienen mucha experiencia en alta velocidad. También habría que llevar a cabo una revisión exhaustiva de todas las líneas del AVE en España para confirmar su seguridad y recuperar la confianza de los ciudadanos.
Además de investigar las causas del accidente, es imprescindible aclarar si ha habido irregularidades en la concesión de las obras de mantenimiento de las líneas del AVE.
Un ministerio salpicado por la corrupción en los tiempos de José Luis Ábalos y unas empresas con varios de sus exdirectivos imputados por las mismas causas, Renfe y Adif, deberían rendir cuentas de forma exhaustiva. Sería muy grave si se descubriera que las adjudicaciones para la revisión de las vías de AVE a Andalucía se realizaron de forma irregular. Esperemos que no.
Un crecimiento del PIB prolongado, pero dispar¿Se imaginan que Sánchez y Feijóo pactaran algo? Lo que fueraEspaña, en el foco inversor pese a la inseguridad jurídica Comentar ÚLTIMA HORA-
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