La educación privada ha sacado sus tambores de guerra contra el Gobierno de Pedro Sánchez y amenaza con romper la paz que se ha mantenido en las aulas durante los últimos cinco años. Tras las protestas de la marea naranja que se celebraron en 2020, en pleno Covid, contra la Ley Celaá, este sector no había vuelto a alzar su voz. Pero el polémico decreto de universidades que el Consejo de Ministros aprobó el pasado octubre ha soliviantado al sector.
Se avecina un nuevo frente en los tribunales contra el PSOE en el plano educativo, que se suma a las investigaciones ya en marcha por corrupción o por acoso sexual. El primero en lanzar el desafío ha sido el presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y de la Fundación CEU San Pablo, Alfonso Bullón de Mendoza, que ha contado que el grupo de universidades al que representa ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el citado decreto.
Bullón de Mendoza ha enmarcado este decreto dentro la "dinámica de crispar la vida española" que tiene el Gobierno y se ha sorprendido porque una medida que teóricamente tenía un carácter técnico se ha convertido en una norma que "se mete con las universidades privadas".
"Tono ofensivo"
"En la última versión del preámbulo, que tiene un tono inmensamente ofensivo hacia las universidades privadas, nos llaman de todo y el presidente del Gobierno habla de chiringuitos cuando lleva a su hija a un centro privado que no cumpliría los requisitos del decreto", ha afirmado, en referencia a la ESIC University, un centro privado católico donde está matriculada este año una de sus hijas.
El CEU recurrió la semana pasada el decreto, por considerarlo "lesivo para un sector que en España funciona bien", en palabras de Javier Tello, director general de la Fundación, que ha explicado que las razones que les han llevado a acudir a la Justicia están asociadas a "criterios arbitrarios" y a "una invasión muy violenta del ámbito competencial autonómico, que es el que genera un marco de actuación previsible para las universidades".
Se suma así al recurso que ha interpuesto por la Comunidad de Madrid, que también ha considerado que el texto va "contra la seguridad jurídica" y ha sido elaborado "sin ningún tipo de consenso".
Incluso los ministerios de Economía y Trabajo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se han expresado en contra de algunos de los cambios, como la obligación de que al menos el 75% del profesorado de los centros universitarios online tenga que residir en España o en otro país de la UE.
"Hay una invasión de competencias autonómicas clara, que, en mi opinión, vería hasta un alumno de Primaria. Además, se han saltado el informe del Consejo de Estado", ha denunciado Tello.
El decreto obliga a las universidades a cumplir unos nuevos requisitos, como tener al menos 4.500 estudiantes, una oferta de al menos 10 títulos de grado, seis de máster y tres de doctorado de al menos tres ramas de conocimiento o 20 proyectos de investigación activos, cuestiones que hacen muy difícil crear nuevos centros e incluso mantener pequeños campus actuales.
"¡Imagínense que hubiéramos diseñado nuestra última universidad con 1.500 alumnos! No tiene sentido en un Estado de Derecho", ha dicho Tello, que ha asegurado que sus universidades cumplen los requisitos exigidos. "Los proyectos menos maduros, como el de Andalucía o el de Cataluña, se van a cumplir en el plazo previsto".