Al menos ocho de las 11 comunidades que gobierna el PP se preparan ya para emprender una batalla legal contra el Real Decreto para regularizar de manera extraordinaria a al menos medio millón de inmigrantes. Se trata de la Región de Murcia, la Comunidad de Madrid, Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, Aragón, Cantabria, Castilla y León y Galicia. Unas lo han decidido y otras lo estudian con detenimiento, pero las ocho tienen la determinación de oponerse al procedimiento aprobado por el Consejo de Ministros el martes.
Otras dos -Extremadura y La Rioja- aún no explicitan si están ya estudiando la vía judicial, y sólo una se desmarca por ahora: Andalucía. Fuentes de la Junta lo justifican por las circunstancias propias de esta comunidad: «Estamos en campaña, no es el momento aún de entrar ahí». «Estamos con la cabeza en las elecciones», justifican otras fuentes cercanas a Juanma Moreno.
EL MUNDO ha sondeado a las 11 comunidades gobernadas por el PP, y la noticia no es tanto la unidad de acción de casi todas ellas, como que Andalucía se inhiba en un momento en el que Moreno trata de culminar su estrategia «atrapalotodo» desde la centralidad política. El PP andaluz ha diseñado una campaña en la que su candidato maximice los réditos de la gestión llevada a cabo con la mayoría absoluta, pero en la que también logre pisar el menor número de callos posibles, ya que hay un porcentaje notable de ex votantes socialistas que lo prefieren a él antes que a María Jesús Montero.
Esto lo resumen de forma muy gráfica en el PSOE andaluz: «Si Juanma se dedica sólo a sonreír y a hacer de madre caritativa de los andaluces, saca de nuevo la absoluta». El PP está total y enfáticamente en contra del real decreto. Alberto Núñez Feijóo calificó ayer de auténtico «disparate» la decisión de regularizar «a granel» a personas que han delinquido y «cuentan con antecedentes policiales».
El PP dará la batalla legal contra este decreto y plantea llevarlo al Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE, pero en Génova tienen más esperanzas puestas en los recursos que puedan articular las comunidades autónomas: «Hay que tener en cuenta que los partidos no tenemos legitimación ante el Supremo en un real decreto que no nos afecta directamente como partidos. Sin embargo, las CCAA sí tienen intereses legítimos, como son sus servicios públicos o las políticas activas de empleo», explican en la directiva de Feijóo.
Isabel Díaz Ayuso fue la primera en anunciar que dará la batalla jurídica contra el decreto, además de pedir su suspensión cautelar. «Sí, lo recurriremos a los tribunales», confirman sin duda alguna en Sol.
Murcia va por el mismo camino: «Aquello que pueda ser susceptible de recurrirse en los tribunales lo recurriremos», aseguró Fernando López Miras. En Baleares no tienen dudas: recurrirán y pedirán suspender el decreto cautelarmente. «Una regularización hecha así, sin consenso y sin dar voz a las comunidades, es un paso más en la imposición de la política migratoria del Gobierno».
La Xunta de Galicia está «estudiando a nivel jurídico el texto», que conoció ayer por la mañana, «por el BOE». «Habíamos formulado unas alegaciones y no parece que se nos hiciese mucho caso», descuentan fuentes cercanas a Alfonso Rueda, dando a entender que recurrirán: «No cerramos ninguna puerta».
El Gobierno de Aragón también ha anunciado que interpondrá todas las acciones judiciales posibles ante el real decreto, igual que la Generalitat Valenciana, como confirmó su presidente, Juanfran Pérez Llorca. En Cantabria son muy claros: «Se va a estudiar el decreto y si hay alguna posibilidad, se recurrirá». Y en Castilla y León, el Consejo de Gobierno lo tratará este jueves, con visos a emprender las mismas acciones judiciales que el resto.
Las fuentes consultadas por este diario en la Junta de Extremadura y en La Rioja aún no se decantan.